La Moneda se despliega para lograr despacho de proyecto tributario con US$ 1.200 millones en juego para el Presupuesto 2025

En la semana previa a la presentación del Presupuesto 2025, La Moneda enfatizó la necesidad de despachar a ley el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por los millonarios recursos que se allegarán al Estado.

Según dijo ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, “no queremos tener la necesidad de un plan B” para poder contar con esos ingresos en caso de no aprobarse la propuesta, que llegan a US$ 1.200 millones. El Ejecutivo desplegó intensas gestiones ayer con senadores y diputados para asegurar la aprobación del texto legal.

El despacho del proyecto fue el tema central del comité político encabezado por la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, y en el cual el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó la magnitud de los recursos en juego.

Se espera que el erario sea presentado en cadena nacional por el Presidente Gabriel Boric el lunes 30 de septiembre a las 21 horas.

Las alertas de Marcel

Pasadas las 13:30 horas Marcel llegó hasta las oficinas de la Segpres en La Moneda para participar en un almuerzo de coordinación legislativa con algunos senadores de cara a la votación mañana.

Tras la cita, el ministro de Hacienda señaló que “estamos tratando de que no se retrase cumplimiento tributario”, explicando a las bancadas los alcances del acuerdo ya alcanzado en la comisión.

Consultado respecto a qué ocurre si ese proyecto no se aprueba antes del ingreso del erario, el secretario de Estado enfatizó que “lo que puede pasar es que entraría un proyecto de ley incompleto, que habría que complementarlo a lo largo de la discusión y creo que eso es algo que no le conviene ni a los parlamentarios ni al Gobierno, el ver un proyecto que la faltan ingresos y gastos”.

Sin embargo, la senadora Yasna Provoste (DC), al término del almuerzo en La Moneda, señaló que “lo que hemos señalado es que no basta solo con entregar mayores recursos si no se tiene garantizada mejor gestión en programas clave para el combate a la delincuencia y el crimen organizado”. La legisladora adelantó que presentará indicaciones y solicitudes de votación separada de artículos, lo que podría retrasar el despacho.

Estrechez hacia adelante

Bajo este telón de fondo, uno de los focos de debate legislativo será el nivel de holguras que proyecta el Gobierno para los últimos años de su gestión y para los próximos de los nuevos inquilinos de La Moneda a partir de marzo del 2026.

Un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), se centra justamente en el estrecho panorama que enfrentarán las finanzas públicas en los próximos años, escenario que sería más complejo incluso que el previsto por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas -IFP- dado a conocer a fines de julio.

El reporte de la USS estima que los gastos comprometidos por el sector público para el período 2025 a 2028 estarían subestimados en más de US$ 6.500 millones, como consecuencia de un cambio de metodología aplicado en la discusión del Presupuesto 2024.

Un mayor nivel de gastos comprometidos afecta las estimaciones de holguras presupuestarias para los próximos años, las cuales dependen de factores como los desembolsos ya asignados, los ingresos estructurales del Fisco y la meta de reducción del déficit estructural de parte del Gobierno. Esto da como resultado un mayor o un menor espacio de gasto hacia adelante.

El cambio metodológico se traduce en que se incorporó en la programación de gasto los recursos sólo para terminar iniciativas de inversión que se encontrasen en ejecución a esa fecha, y no contemplar la compensación de la depreciación de la infraestructura vigente, mediante un nivel histórico de recursos para iniciativas nuevas.

“Por sólo este último concepto, el gasto comprometido estaría subestimado en más de US$ 3.000 millones sólo en 2028 considerando el criterio utilizado en la elaboración del programa financiero que acompañó el proyecto de Ley de Presupuestos del año 2023, elaborado también por esta administración (...) Sólo por la regularización de esta situación en la programación financiera, las verdaderas holguras fiscales serían negativas para todo el período”, señala el reporte.

Sin embargo, desde Dipres desestiman haber realizado cambios metodológicos, remitiéndose al último IFP, el cual señala que “en concordancia con lo señalado en el clasificador presupuestario, comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas e inversión. La materialización de estos gastos requiere previamente una evaluación en la forma que lo dispone la ley de Administración Financiera del Estado, con las excepciones que corresponda”.

El reporte de la investigadora y exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres, Margarita Vial, compara el escenario financiero de mediano plazo actual con el presentado en la Ley de Presupuestos 2024, observando un gasto comprometido que es revisado a la baja, mientras que, por el contrario, existen sucesivas correcciones al alza en materia de ingresos que se resumen en mayores entradas fiscales por US$ 2.000 millones en promedio para cada año, totalizando US$ 8.866 millones adicionales a los considerados en la estimación original para este período, “lo que incrementa técnicamente las holguras presentadas”.